En un movimiento sin precedentes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han alcanzado recientemente un acuerdo que permite al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir información sobre contribuyentes de ciertos inmigrantes con el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este acuerdo, contemplado en un memorando de entendimiento (MOU) de 15 páginas que fue expuesto durante un caso judicial, busca prevenir la divulgación no autorizada de información tributaria para fines de ejecución de leyes de inmigración. La utilización de datos gubernamentales, esenciales para el funcionamiento y financiamiento de servicios públicos, en operaciones de vigilancia y aplicación de la ley representa un agravio para una sociedad democrática.
El acuerdo fue justificado por el DHS con base en la Orden Ejecutiva 14161, emitida el 20 de enero de 2025, que ordena la identificación y remoción de individuos en el país de forma ilegal. El MOU afirma que DHS ha identificado a «numerosas» personas en esta situación que están bajo investigación criminal por violaciones a las leyes federales, específicamente por «no abandonar» el país. Con base en esta argumentación, el IRS podrá revelar información tributaria que, de otro modo, permanecería confidencial según el Código Tributario.
El mecanismo de esta nueva práctica de intercambio de datos implica que ICE solicita información sobre el nombre y la dirección de un individuo, junto con los períodos fiscales pertinentes, la legislación federal que se investiga y las razones por las cuales dicha información es relevante para la investigación criminal. Tras recibir la solicitud, el IRS la evalúa para determinar si se ajusta a las excepciones a la autoridad estatutaria que exige la confidencialidad.
Sin embargo, hay dos grandes razones que cuestionan la validez de este MOU. Primero, un informe del NYU Tax Law Center indica que, a pesar de que se menciona la investigación criminal, informes recientes sugieren que el DHS espera utilizar la información fiscal para deportar a hasta siete millones de personas, lo que supera ampliamente el número que podría ser investigado plausiblemente. Esto sugiere que el motivo real para acceder a los datos fiscales es localizar personas para deportaciones civiles, utilizando pretextos de investigaciones criminales.
En segundo lugar, es incierto cómo el IRS verificará la precisión de las solicitudes de ICE, dado que la historia ha demostrado que ICE ha escudado sus operaciones en información errónea, a menudo deteniendo a personas que no deberían ser blanco de tales acciones. Recientes casos han revelado que ICE ha arrestado ciudadanos estadounidenses basándose en datos equivocados y en perfiles raciales.
Tras la firma del MOU, varios altos funcionarios del IRS han presentado su renuncia, en un contexto en el que la agencia había estado comprometida con la recolección de ingresos fiscales y la confidencialidad de la información de los contribuyentes. La nueva política pone en riesgo la confianza de los inmigrantes en el sistema y les coloca en una situación difícil, entre cumplir con las obligaciones fiscales y el temor a deportaciones.
Esta decisión del gobierno federal no solo traiciona a los contribuyentes, sino que también subraya lecciones no aprendidas de la historia de EE. UU. En el pasado, legislaciones impulsadas por momentos de crisis han conducido a abusos de poder, como el uso de datos censales para facilitar la internación de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. A medida que el uso de grandes datos por parte del sector público plantea preocupaciones sobre el equilibrio de poder entre el gobierno y el individuo, este acuerdo de intercambio de datos representa un nuevo intento de explotar esa vulnerabilidad.
Fuente: EFF.org
