Alemania, reconocida por su enfoque en la privacidad y la protección de datos, enfrenta una creciente preocupación entre sus ciudadanos ante la propuesta de un nuevo paquete de seguridad que contempla un aumento drástico en la vigilancia biométrica. Este paquete, impulsado por el gobierno tras un incidente de apuñalamiento en la ciudad de Solingen a finales de agosto, ha sido diseñado para reforzar las leyes de asilo y otorgar mayores poderes a las autoridades de aplicación de la ley.
Lo que ha generado alarma es que las medidas propuestas van en contra del propio acuerdo de coalición del gobierno, así como de la legislación europea y la constitución germana. Entre los aspectos más destacados se encuentra la intención de permitir a las autoridades identificar sospechosos a través de la comparación de datos biométricos, como audio, video e imágenes, con información disponible públicamente en Internet. Este tipo de vigilancia no solo presenta serias implicaciones para los derechos fundamentales, sino que también podría ser utilizado para rastrear a individuos en contextos tan sensibles como manifestaciones políticas.
El proyecto de ley también se encuentra en conflicto con el recientemente adoptado Reglamento de IA de la UE, que prohíbe el uso de sistemas de reconocimiento facial que amplíen bases de datos biométricas. A pesar de las esperanzas de la sociedad civil alemana de que el gobierno adoptara una prohibición de esta naturaleza, el paquete de seguridad sugiere una expansión de estas nuevas facultades, que serían conferidas incluso a la Oficina Federal para la Migración y el Asilo, permitiendo la identificación de solicitantes de asilo sin documentos a través de sus datos biométricos.
Además, se propone el uso de minería de datos por parte de las fuerzas del orden para implementar prácticas de «policía predictiva», lo que podría poner en riesgo la privacidad y exacerbar la discriminación racial. Esta preocupación es especialmente relevante dadas las diferencias en el rendimiento de los sistemas de reconocimiento facial, que a menudo son más ineficaces con personas de color.
En el ámbito digital, el gobierno busca aprovechar una disposición del recientemente adoptado Acta de Servicios Digitales de la UE, obligando a las plataformas en línea a compartir datos de usuarios con la policía en caso de delitos violentos. Esto no solo podría amenazar la libertad de expresión en línea, sino que también pone de manifiesto que la protección de los derechos fundamentales no es una prioridad para la administración actual.
Mientras tanto, miles de personas han salido a las calles en Berlín para protestar contra este paquete de seguridad, y varios expertos y grupos de la sociedad civil han expresado su rechazo a las iniciativas del gobierno, subrayando que tales medidas socavan los derechos fundamentales y violan compromisos políticos previos. En este contexto, se hace un llamado a defender los derechos fundamentales más que nunca.
Fuente: EFF.org
